Informe de Global Witness da a conocer el asesinato de 83 defensores y defensoras del Medio Ambiente y los DDHH en el continente Americano

En un nuevo informe anual que se da conocer a la opinión pública, donde se realizaron 164 asesinatos perpetrados a defensores de DDHH y del Medio Ambiente en el mundo, de los cuales el 50% se centran en el continente Americano. En Chile se refiere a los casos de Alejandro Castro y Camilo Catrillanca, además de la intimidaciones a la abogada Karina Riquelme Viveros según relata Amnistía Internacional.

La minería fue el sector más letal, con 43 personas defensoras asesinadas por oponerse a los efectos destructivos de la extracción de minerales sobre la tierra, las formas de vida y el medio ambiente. Hubo una escalada de asesinatos de personas defensoras que luchan por la protección de las fuentes de agua, que aumentaron de cuatro en 2017, a 17 en 2018.

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Los casos se centran preferentemente en Colombia, que centran el mayor número de asesinatos, cuyos últimos gobiernos han impulsado una agenda de extracción de recursos naturales para las empresas privadas y transnacionales. El fértil suelo del Cauca y los ricos yacimientos de oro suelen provocar fuertes conflictos por la tierra; pero éstos se han intensificado en los últimos años, a medida que los paramilitares y las bandas criminales ingresan a tierras anteriormente ocupadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Guatemala es el país donde se han quintuplicado los asesinatos.El 16 de diciembre de 2018, los cuerpos de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro fueron encontrados a orillas del río Yalwitz, cerca del proyecto hidroeléctrico San Andrés, con balas en la cabeza.

Ambos hombres eran visibles oponentes a un proyecto hidroeléctrico en la región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, en el oeste de Guatemala.73 El proyecto, que incluye las represas de San Andrés y Pojom II, ha sido vinculado a una de las familias más ricas y poderosas del país.También ha recibido generosos fondos de bancos internacionales de desarrollo, a pesar de la amplia cobertura mediática de las protestas locales en contra de las represas.

De acuerdo con la población local, el asesinato de los hermanos Esteban Pedro se da después de años de violencia contra miembros de las comunidades de Ixquisis, que se opusieron al proyecto hidroeléctrico que incluye las represas de San Andrés y Pojom II y que, según ellas, ha contaminado fuentes de agua y destruido cultivos y poblaciones de peces. Al menos un hombre más ha sido asesinado por su resistencia al proyecto, y muchas más personas han sido heridas y amenazadas con ser arrestadas.

Un informe conjunto de 2019 realizado por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que los proyectos industriales son impuestos a las comunidades rutinariamente sin su consentimiento.

En Brasil integrantes de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,que se reunieron con líderes indígenas en el Estado brasileño de Pará, en noviembre de 2018, reportaron que su delegación fue intimidada y amenazada por representantes de la industria de la soja. Al menos ocho personas defensoras de la tierra y del medio ambiente que participaron en disputas por la tierra y la agricultura fueron asesinadas en el Estado de Pará en 2018.

El nuevo presidente Jair Bolsonaro, ha prometido que permitirá la explotación de las reservas indígenas, con proyectos de minería, agricultura e infraestructura. En lo que va del año, esto ya desencadenó una serie de invasiones a tierras indígenas por parte de usurpadores de tierras armados, y las comunidades viven con temor a futuros ataques.

Otra de las aristas que detalla el informe de Global Witness es referente a la Criminalización, la cual tiene diferentes formas. En su expresión más simple significa crear, reformar o reinterpretar las leyes para ilegalizar actividades legítimas, convirtiendo en criminales a quienes las realizan.

Muy bien sabido en el suelo nacional, el caso de montaje y asesinato de Camilo Catrillanca por parte de las fuerzas policiales militarizadas y entrenadas en la nueva “Escuela de las Américas” en Colombia. Un “modus operandi” que traspasa fronteras para el amedrentamiento constante a las comunidades dispuestas a luchar por la defensa de sus derechos territorios y medio ambiente.

Otros de los casos en Chile corresponden a lo que informó Amnistía Internacional, en julio de 2018, dos hombres intimidaron a la abogada chilena Karina Riquelme Viveros, apuntando un láser a través de la ventana de su casa, donde vive con su hija de seis años. En ese momento, Viveros estaba involucrada en un caso judicial, en el que la policía había sido acusada de clasificar a miembros de la comunidad indígena mapuche como terroristas. Amnistía afirma que este fue uno de los numerosos intentos de intimidarla durante el juicio.

Finalmente están los casos de Alejandro Castro y “La Negra” Macarena Valdés, en el primer caso aún existen dudas desde la investigación si el activista medioambiental y dirigente sindical se habría suicidado, mientras que en el caso de Macarena la mujer fue encontrada muerta, tras esto el SML aseguró que se trataba de un suicidio, aseveración que la familia no aceptó, por lo que reunieron el dinero para financiar y realizar nuevos peritajes con el especialista Luis Ravanal, el destacado profesional finalmente descartó la tesis del suicidio.

Pablo Benavides
Director asambleapopular.cl

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