#ForoAbierto: Anita Román, Presidenta Colegio de Matronas de Chile

En medio de la polémica por los médicos e instituciones objetoras de conciencia, entrevistamos a Anita Román, Presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, para conocer su visión y así darnos un contexto más amplio, en lo que ha significado la puesta en marcha de la ley de aborto en 3 causales, así como, la revalorización cultural de los derechos de las mujeres del país.

¿Qué opina de la debilidad de la ley por no contar con un marco institucional más amplio, que defienda este derecho a la mujer?

No creo que la ley tenga debilidad, esta ley es súper clara y especifica en el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales.

El punto está asociado en el fondo a la transversalidad valórica que se dio en la discusión de 4 años, y que de alguna u otra manera en el proyecto de ley que fue cuestionado por las personas que hicieron la presentación en el tribunal constitucional, lograron instalar dos derechos que hoy día se antagonizan en la propia ley. Esto no significa tener una debilidad, porque la misma ley y la constitución establece que el estado debe ser garante de este derecho.

Y eso lo que hoy día tenemos que visualizar, como se va a cumplir la ley, tanto en Osorno como en otras partes del país. En donde las instituciones privadas pueden argüir ser objetoras de conciencia, y en el servicio público que la institución no puede ser objetora de conciencia por un tema obviamente constitucional, pero sí la gran mayoría de los ejecutores de la acción que son los médicos, el estado tiene que ver cómo resolver el derecho contenido en la ley, para las mujeres que la invoquen.

¿Cuál es la opinión sobre la objeción de conciencia individual en el servicio público? ¿Y sobre la objeción de conciencia institucional?

La objeción de conciencia institucional, es un chiste. Lo que uno lea de análisis de documentos de ética, es imposible concebir la objeción de conciencia institucional, ya que es individual. Esta nace precisamente para que las personas, que, de una u otra manera, tienen una creencia valórica o religiosa no cometan actos que estén reñidos con su fe o su cultura. Y en ese espacio es plausible que se argumente la objeción de conciencia, acto que varias veces en salud es invocado. Pero también en salud existen juramentos, sobre todo en el caso de la salud sexual y reproductiva, el juramento de los médicos, y el juramento que hacemos las matronas del país, que es el respetar las decisiones de los pacientes. Está la ley de derechos y deberes, como así, otros órganos protocolares y legales, que establecen que mi opinión personal está muy por debajo del derecho a la salud que invocan las personas en un estado como el chileno, que por lo menos está garantizada constitucionalmente. Pero si se da el caso, de una objeción de conciencia, que siempre es respetada en las instituciones de salud, el estado tiene que ser garante que se ejecute esa acción por personas que no van a invocar la objeción de conciencia.

¿Qué opina que los distintos servicios de salud que tienen esta situación y la dirección de los hospitales del actual gobierno, que apoyen a los médicos objetores de conciencia, por sobre dar una solución a este problema de salud pública?

El servicio de salud, como servicio, no hablo de lo clínico, que chile está conformado por 29 servicios de salud, está mandatado a cumplir con esta ley.

En esta ley, hay que evaluar y visualizar, hacer un diagnóstico concreto de cuál es el recurso con el que yo cuento, tanto físico como humano, para dar cumplimiento a este derecho que está contenido en la ley, para las mujeres que la invoquen. Por lo tanto, no se trata de que el servicio apoye o no apoye, es un acto totalmente ilegal que los servicios de salud no busquen la solución al problema, cuando la resolución de la acción contenida en la ley no se pueda dar, por no contar con el recurso humano necesario, eso lo tiene que solucionar el servicio de salud, y así lo estable la constitución política.

¿Qué opina de las declaraciones del director del hospital Base de Osorno, con respecto a que, es el médico quien debe primero analizar si cree o no en la versión de la mujer, para el caso de violación como tercera causal de la ley de aborto? ¿La 3° causal es una atención urgente?

A ver, voy a partir al revés, la 3 ° causal, es quizás la causal, que menos urgencia vital convoca. Por lo tanto, se puede programar esta interrupción dependiendo de las semanas, que tenga la mujer que está embarazada producto de una violación.

A mí me parece impresentable, que un médico director de un hospital, decida que él va a ser el juez de una mujer que está invocando una ley que protege su salud. Eso no le corresponde a nadie del equipo de salud, el dudar lo que está diciendo la mujer.

¿Cuál sería para el colegio, la solución ideal que garantice los derechos de las mujeres de Osorno y de otras partes del país con la misma situación? ¿Podrían ejercer este derecho y dar la prestación las matronas de cada institución pública?¿Están capacitadas para realizar la labor, ya que este, fue un tema de debate durante la gestación del proyecto de ley?

La solución, es que se creen centros resolutivos a nivel secundario, en cada uno de los servicios de salud con equipos no objetores. De acuerdo al porcentaje, sobre todo en la 3° causal, esto no supera el 3% del país, así que, si se puede tener centros de resolución para aquellas mujeres que invoquen la 2° y 3° causal.

Imposible, que la matronería se haga cargo, ya que, en la ley quedó, que la interrupción del embarazo, es un acto médico. Aunque las matronas estemos capacitados, sepamos que hacer, tengamos el conocimiento. Sabemos que es una cesárea, como se hace una cesárea, pero las matronas no podemos hacer una cesárea, en este caso es lo mismo, la interrupción del embarazo es un acto médico.

¿Habrá una especie de colusión ideológica de parte del sector conservador de los médicos obstetras? ¿Cuál es la postura del colegio?

No sé si habrá una colusión, lo que sí yo creo es, que la colusión se dio cuando se hizo la discusión de los 4 años. Por lo tanto, en esa expectativa, creo que la forma como se podía haber enfrentado, era el tener reales centros de resolución.

Ya se sabía de alguna forma, de acuerdo a los pre diagnósticos qué se hicieron, qué había lugares donde iban a ver muchos médicos objetores, por lo tanto, equipos objetores. Así que la solución pasa por hacer centros de resolución donde la ley no pueda ser operativa. Pero la ley se tiene que cumplir.

¿Será que los médicos rehúyen el tema médico legal? Es decir, ¿Para ellos es más cómodo no tener que ir a declarar al ministerio público, con respecto a la causal de violación?

Hay que analizar varias cosas desde el punto de vista del cambio cultural.

Si tu vez cuando vamos al poder judicial, los abogados no hacen objeción de conciencia, ellos hacen el trabajo como defensor y/o como querellante, sin preguntarse, ¿Entonces porque los médicos lo hacen? Podríamos hacer un debate amplio de la postura de los médicos…

Lo claro es lo que dice la ley,  que el ejecutor (la acción), es un acto médico. Desde ese punto de vista tanto el tribunal constitucional como la ley que se aprobó, indicaban que, la objeción de conciencia era un derecho del trabajador y dejó en una coalición abierta el derecho de la mujer invocado en la ley, con el derecho del trabajador de invocar la objeción de conciencia. Y eso significa que todos aquellos lugares donde vamos a tener invocando objeción de conciencia, a los ejecutores reales o sea a los técnicos reales. La ley también protege el derecho a decisión de la mujer en la 2° y 3° causal, que es donde hay mayor objeción de conciencia, y que tiene que haber operatividad.

Equipo asambleapopular.cl

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