#LaColumna: “Acuerdos Nacionales”, política fracasada

#LaColumna: “Acuerdos Nacionales”, política fracasada

En estos primeros días de su instalación, el Gobierno de Sebastián Piñera ha controlado la agenda política,  siguiendo los principios de propaganda dejados por Jaime Guzmán y que están siendo administrados por el Segundo Piso, pese a los errores de manejo en los tiempos políticos evidenciados.

El manejo de la agenda, en parte es debido a que muchas de las demandas sociales, no fueron acogidas, o no quedaron del todo concluidas y/o no se tradujeron en proyectos legales por el gobierno anterior, tales como: la gratuidad y no lucro en la educación, caso SENAME, no más AFP, Cambio a las Fuerzas Armadas y de Orden, reforma a la salud, entre otras.

Cabe señalar que por otra parte, Chile Vamos ha tomado las demandas sociales a placer e incorporado otras de la clase política económica dominante. Esto lo pretende realizar mediante el llamado a los “Acuerdos Nacionales” política utilizada una y otra vez por todos los gobiernos desde el regreso a la democracia. Y que evidencia la falta de gestión política para llevar adelante proyectos de ley de cara a la ciudadanía o de sus representantes directos.

Pero basta con revisar un poco de la  historia reciente, estos llamados a acuerdos nacionales se sistematizaron técnicamente en comisiones, donde sus integrantes son nombrados generalmente por el ejecutivo, esto quiere decir el gobierno de turno y que sus miembros suelen ser políticos y/o técnicos.

En el gobierno de Ricardo Lagos por ejemplo se creó, la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, donde a través de una Ley Orgánica constitucional se impone el secreto de 50 años al informe Valech 1, donde estarían los nombres de los torturadores y violadores de DDHH. O La “Comisión Asesora en Transparencia y Probidad Pública, que tenía como objetivo tranquilizar las aguas por los casos de corrupción en la política y donde participó, como hombre eje con la oposición Pablo Longueria, el mismo que está siendo actualmente procesado por Fraude al Fisco y Cohecho en los  Casos: Penta, Corpesca, Caval y SQM. En la época de Lagos los casos eran: MOP-Gate y los sobresueldos, Caso Coimas, Inverlink, como así posteriormente se conocieron el Caso EFE (Empresas de Ferrocarriles del Estado) y Caso Chiledeportes – Publicam.

Ricardo Lagos y Pablo Longueira «Comisión Asesora en Transparencia y Probidad Pública»

También fue una política recurrente en el 1° Gobierno de Michelle Bachelet, la ex Mandataria organizó Comisiones en torno al Sistema Previsional, Anticorrupción y para Reformar el Sistema Binominal, así como el “Acuerdo Nacional por la Educación” que realizó el cambio de la LOCE a la LGE, generando una profundización en las deficiencias del sistema y por último la “Comisión Asesora presidencial para las Reformas de las Políticas de Infancia”(Ver Informe Final acá). La cual obtuvo algunos resultados centrados en materia de salud, pero qué no abordó la temática del SENAME en su totalidad.

Firma del «Acuerdo Nacional por la Educación»

Durante el 1° Gobierno de Sebastián Piñera, con el objetivo de mejorar el sistema de protección a la maternidad y fortalecer y flexibilizar la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el 30 de abril del año 2010, se creó la “Comisión Mujer, Trabajo y Maternidad” (Ver Informe Final) Donde las criticas estaban centradas el poco derecho al hombre de llevar a cabo el postnatal de 6 meses, así como las consecuencias en materia de precariedad y flexibilización laboral en la mujeres. Qué es exactamente lo que sucede hoy en el acceso de la mujer al mundo laboral y con derechos laborales no del todo garantizados.

Comisión Mujer, Trabajo y Maternidad

En el 2° Gobierno de Michelle Bachelet, se crearon diferentes comisiones para tratar las demandas sociales. Nuevamente la corrupción en el estado,  sería objeto de otra comisión en este caso fue “El Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción” o más conocido como “Comisión Engel” (Ver informe final). También se creo “La Comisión Bravo” (Ver informe final), con el objetivo de dar una  reforma al sistema de pensiones. Es aquí, donde el Movimiento NO +  AFP (Revisa propuesta acá) , La Fundación Sol, y CENDA, jugaron un rol importante en desmenuzar y denunciar los acuerdos que se llegaban y qué no eran parte de las demandas del movimiento social.

«Comisión Engel»

Cabe destacar que todos los gobiernos democráticos han formado comisiones para enfrentar la toma de decisiones en materias política o socialmente controversiales, así como los consejos presidenciales cumplen un triple objetivo:  promover un diálogo entre distintos actores sociales y políticos, generar un espacio de participación ciudadana, y promover recomendaciones de política pública, de lo cual muy poco se cumple. Es así como lo define un estudio publicado por FLACSO donde realiza un “Análisis de las comisiones asesoras presidenciales del gobierno de Michelle Bachelet”

Últimamente queda demostrada la poco hegemonía de las demandas y su planteamiento en las leyes promulgadas por este instrumento de control de la demanda social, por ejemplo la ley el aborto por tres causales, la cual pudo ser rápidamente modificada en el Tribunal Constitucional (ente que actúa como una 3° cámara poniendo freno a las demandas y las reivindicaciones sociales), ya que en su fallo permitió la objeción de conciencia institucional, generando todo un planteamiento sobre consecuencias legales del cual el TC no se hace cargo. Esto gracias a los principios ideológicos de la propia constitución, redactada por Jaime guzmán.

Últimamente ha quedado de manifiesto, como fácilmente se puede modificar la operatividad de la ley aborto mediante decreto ministerial, es así como el Minsal decidió modificar el reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales, con el fin de permitir que las instituciones que se declaran objetores de conciencia puedan mantener convenios vigentes con el Estado, situación que el texto anterior prohibía, esto sucede gracias a que no existe un marco orgánico constitucional que lo impida, violentando el espíritu, la aplicabilidad de la ley y la pérdida de derechos de las mujeres, así como la demanda social en sí misma. Así vemos en parte las consecuencias de un “acuerdo nacional por el derecho a las mujeres” recordemos como se refirió la ex ministra del SERNAM Claudia Pascal a la salida de la votación de la ley: “Este proyecto abre opciones y no impone posiciones. Hemos trabajado fuerte porque queríamos conseguir una fuerte mayoría”. Ahora estamos siendo testigos de cómo se llegó a un “acceso al derecho social” y no a un derecho social como tal.

En lo reciente se suman los cuestionamientos al Ministro de Salud Emilio Santelices, mediante una interpelación por parte de la “centro izquierda” con el fin de cuestionar el decreto emitido señalando que no estaría apegado a la legalidad, de comprobarse la situación llegaría a una acusación constitucional . A esto se suma la rencilla interna del gobierno con el jefe del 2° piso de la Moneda Cristián Larroulet, ya que este conversó el tema con el ministro de Salud, sin avisarle al Mandatario, generando una serie de consecuencias políticas en el ejecutivo,  la más importante hasta el momento es la caída del ahora ex jefe de gabinete  de Santelices, Mario Villalobos.

Mario Villalobos ex Jefe de Gabinete y Emilio Santelices Ministro de Salud.

Si el mecanismo ha fallado una y otra vez para llevar adelante las demandas del movimiento social, pero si ha beneficiado a quienes ostentan el poder mediante el discurso  «gatopardista» o «lampedusiano» qué en las ciencias políticas es el «cambiar todo para que nada cambie», paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) que expresa la siguiente contradicción aparente: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie». Por lo cual me hago las siguientes preguntas ¿Qué hacen las “fuerzas democráticas progresistas” validando una vez más esta forma de hacer política de espaldas a la ciudadanía? ¿Se está haciendo una “profundización de la democracia”? ¿Una comisión presidencial es «democrática» o «representativa»? ¿Si es representativa a quien o a quienes representa? ¿Y si es democrática?, ¿De qué tipo de democracia estamos hablamos? ¿Se escucharán a los mismos centros de pensamientos financiados de manera irregular? ¿No que la demanda social se centra en «participación ciudadana» y la «democracia directa»? ¿Acaso el congreso no es suficiente en sí mismo para dar una respuesta?

Representación gráfica «Gatopardismo».

Es así, como el mismo Pedro Engel señala que “Una ventaja de las comisiones,  es que con el Congreso y los partidos políticos con niveles muy bajos de aprobación ciudadana, estas pueden contribuir a validar las propuestas del Ejecutivo ante la ciudadanía.” Por lo tanto se están ¿validando las políticas públicas de un ejecutivo sin mayoría legislativa?.

Pablo Benavides, Equipo asambleapopular.cl

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